La Masacre de Curuguaty es el nombre con el que se conoce al violento desalojo ocurrido en junio de 2012 en las tierras de Marina Kue. Fue uno de los acontecimientos más resonantes de la última década en Paraguay: sus consecuencias fueron profundas, y significaron un quiebre en el orden democrático.
El Informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) especifica: “El 15 de junio de 2012, durante un procedimiento fiscal y policial en una ocupación de tierras en el distrito de Curuguaty (departamento del Canindeyú, en el noreste del Paraguay), se produjo un enfrentamiento entre las fuerzas policiales y los civiles ocupantes, con el resultado de once campesinos y seis agentes de policía muertos, y un número aún indeterminado de heridos por arma de fuego”.
La Masacre “generó una crisis de derechos humanos que rápidamente se transfirió a una crisis política de efectos perdurables”, resume el documento citado. La consecuencia inmediata fue la destitución de Fernando Lugo, presidente constitucional electo en 2008, que representaba a una alianza política entre sectores democráticos de centroderecha, izquierda, y organizaciones sociales.
Una vez destituido el presidente, se disolvió la alianza política que lo había llevado a la presidencia. “La reforma agraria, una de las principales promesas electorales del proyecto democratizador del 2008, era el telón de fondo de esta crisis terminal y la caída de Lugo”, señala la CODEHUPY en su Informe.
La agrupación Mujeres de la Comisión de Víctimas de la Masacre de Curuguaty se organizó en ese contexto, para canalizar colectivamente algunas reivindicaciones ante el Estado paraguayo. Han impulsado la lucha tanto por la justicia como por la posesión de las tierras, y se organizaron, por medio de su trabajo colectivo, para apoyar a lxs condenadxs, a las mujeres que resistieron en la carpa frente al Palacio de Justicia de Asunción y a las que aún resisten en la ocupación de las tierras en disputa, en Marina Kue.
El Fondo de Mujeres del Sur apoya financiera y técnicamente a la organización desde el año 2013, primero a través del Programa REDAL -Redes y Alianzas Libres de Violencias – y, desde 2016, mediante el Programa de Apoyo a las Defensoras Ambientales, con el financiamiento de GAGGA -Global Alliance for Green and Gender Action-.
El apoyo del FMS nos hace sentirnos autónomas, nos hace sentir que tenemos la capacidad como mujeres campesinas de poder administrar un recurso financiero a beneficio de la comunidad y, por sobre todo, nos hace sentir que no estamos solas. Y que las mujeres campesinas podemos incidir en la sociedad, relata Martina Paredes, representante de las mujeres de la Comisión.
Con el donativo recibido, el grupo de mujeres ha realizado numerosas acciones de incidencia y visibilidad ante autoridades locales, nacionales y regionales; ha logrado que varias organizaciones apoyen sus reivindicaciones y ha promovido el desarrollo de capacidades organizacionales, de recursos y alternativas de subsistencia para la sostenibilidad de sus acciones.
La Comisión logró conformar el Comité de Productoras Mujeres María Dominga de Marina Kue. Desde este Comité, se propició el desarrollo de huertas familiares en la comunidad, la construcción de un almacén de consumo y el armado de una sala de máquinas de costura, como actividades que apuntan a la sostenibilidad del asentamiento.
Para sumar apoyos de cara a las gestiones ante el Poder Judicial de Paraguay, lograron el financiamiento del Fondo de Acción Urgente (FAU) y de Amnistía Internacional. En este sentido, la instalación de la carpa de resistencia frente al Palacio de Justicia fue crucial.
Las Mujeres se han organizado también para construir un modelo comunitario, en el cual la educación ocupa un lugar importante. Montaron aulas en las que se imparten clases de plurigrado para que lxs niñxs puedan escolarizarse.
En estos seis años desde la Masacre, las mujeres han jugado un papel protagónico al sostener la lucha, dentro y fuera de Marina Kue. “La lucha no tiene hora ni fin. Lo importante es luchar por la libertad y justicia… Seguiremos hasta lograr la justicia para lxs acusadxs, y la tierra y la agricultura familiar para nuestrxs hijxs”, resume Martina Paredes, representante de las mujeres de la Comisión.