“En el contexto de pandemia, la disputa por la defensa de las tierras y territorios obliga a las mujeres rurales a ‘poner el cuerpo para resistir’ ante las condiciones de aislamiento, las amenazas de desmonte, desalojo y la criminalización de sus luchas”. Invitamos a Elba Núñez, feminista, abogada y trabajadora social, a escribir sobre la situación de las mujeres rurales hoy en la región.

Por Elba Núñez*

En América Latina, unos 58 millones de mujeres viven en el campo. Sin embargo, solo el 30 por ciento de ellas posee tierras agrícolas y apenas el cinco por ciento (en el mundo) tiene acceso a la asistencia técnica para la producción. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), en la mayoría de los países de la región las mujeres rurales no son dueñas de la tierra y enfrentan mayores obstáculos para acceder a ella, a la tecnología, a los créditos, a los mercados y a la infraestructura.

Con la expansión del extractivismo, se ha incrementado la presión por las tierras y los territorios. Los sectores agroganadero, forestal, minero, hidroeléctrico están causando la deforestación y la contaminación de los suelos y las reservas de agua.

Conforme a los estándares de derechos humanos, ratificados por los estados de la región, los mismos estados están obligados a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres campesinas y otras mujeres que trabajan en zonas rurales, así como a promover su empoderamiento a fin de garantizar, sobre la base de la igualdad entre hombres y mujeres, el disfrute pleno y equitativo de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Entre ellas, está incluida la posibilidad de perseguir, participar y beneficiarse libremente del desarrollo rural, económico, social, político y cultural [1] .

Sin embargo, en las Américas, y según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2019), la pobreza y la exclusión afectan de manera desproporcionada a las mujeres rurales. Ellas también enfrentan riesgos aumentados de los efectos del cambio climático, como riesgos de salud y seguridad, dado que asumen una mayor carga de trabajos domésticos y de cuidado. Su acceso al agua, a educación y a servicios de salud es limitado, y persisten barreras para su acceso a servicios bancarios, administrativos y de documentación civil.

RELACIÓN INTRÍNSECA CON EL DERECHO A LA TIERRA Y EL TERRITORIO

La profunda desigualdad y pobreza que afecta a las mujeres de manera diferenciada coloca así obstáculos particulares para el acceso a la tierra y al territorio.

Desde la mirada de las defensoras, ellas mantienen una relación intrínseca: la tierra y el territorio involucran la cultura, la espiritualidad, la educación, los valores e identidades [2]. Por lo tanto, la falta de acceso a este derecho impide la realización de otros derechos.

En el contexto de pandemia, la disputa por la defensa de las tierras y territorios obliga a las mujeres rurales a “poner el cuerpo para resistir” ante las condiciones de aislamiento, las amenazas de desmonte, desalojo y la criminalización de sus luchas.

Frente a estos embates, ellas están de pie y resisten. Desarrollan nuevas formas de relacionarse y de tejer solidaridades en los territorios. Las mujeres rurales e indígenas siguen conectadas, intercambian y comparten reflexiones sobre cómo opera el extractivismo; cómo les afecta la mano del patriarcado capitalista, que les quita sus bosques y ríos, y cómo en el contexto de pandemia han visto multiplicadas sus tareas de cuidado.

Las mujeres rurales sufren violencia doméstica y, sin embargo, son pocas las que acuden a los servicios disponibles, según consigna un estudio llevado a cabo en varios países por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La violencia de género y el acceso a la justicia siguen siendo uno de los mayores obstáculos para ellas, así como la falta de respuesta en materia de políticas públicas para asegurar la protección de las víctimas en las comunidades.

En el contexto de la defensa de sus tierras y territorios, las mujeres rurales, indígenas y campesinas están expuestas a situaciones de acoso, amenazas, hostigamiento, desalojo, arresto arbitrario, tortura, difamación y criminalización creciente, ante las escasas políticas efectivas de protección por parte de los estados. Existe un uso desproporcionado de la fuerza en manifestaciones de protesta social, así como estrategias de amedrentamiento dirigidas a que las lideresas desistan de sus luchas, lo cual incrementa su vulnerabilidad, tal como reconoció la propia CIDH [3].

No obstante, vale la pena mencionar que existen algunos avances en la jurisprudencia, que reconocen el vínculo entre los daños severos al medio ambiente y el disfrute de derechos fundamentales, civiles y políticos. Por un lado, puede citarse el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas respecto al caso conocido como “Colonia Yerutí”, contra el Estado paraguayo. El caso surge por la presunción de que cuatrocientas personas podrían haber sido víctimas de una intoxicación masiva por uso de agrotóxicos para cultivo de soja, en zonas cercanas a la comunidad. En 2011, ya había muerto un agricultor.

El Dictamen del 20 de septiembre del 2019 insta al Estado paraguayo a realizar una investigación efectiva y exhaustiva sobre fumigaciones con agroquímicos en la zona. Dispone, además, la obligación de garantizar la reparación integral a las personas cuyos derechos hayan sido vulnerados; sancionar, en las vías penales y administrativas, a todos los responsables de los hechos del presente, y reparar integralmente por el daño sufrido, incluida una indemnización adecuada. Igualmente, dispone que el Estado parte tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan transgresiones semejantes en el futuro.

Por otra parte, en Argentina la sentencia judicial del 5 de febrero de 2020 en el caso “González, Sonia María y otros c/ Municipalidad de Sastre”, marca un hito en la jurisprudencia en la materia. El fallo prohibió aplicar fumigaciones terrestres con todo tipo de agroquímicos en el radio de 800 metros a contar desde el límite de la planta urbana de la localidad de Sastre y Ortiz (provincia de Santa Fe). Sienta así un precedente histórico, dado que admite las evidencias científicas relacionadas a la toxicidad del glifosato, y extiende la protección a toda una comunidad. Igualmente, obliga al municipio a legislar y controlar.

Sin embargo, y más allá de estos valiosos avances citados que las comunidades deben conocer y usar para ampliar y garantizar sus derechos, preocupa la persistencia en el acceso limitado de las mujeres a los derechos fundamentales.

A pesar de su rol en la agricultura, y de que el desarrollo rural, la alimentación, la nutrición y la reducción de la pobreza estén ampliamente reconocidos en los estándares internacionales de derechos humanos, persiste una gran brecha para garantizar la igualdad de género, para que las mujeres gocen de vidas libres de violencias, ciudadanías plenas, y puedan ejercer el derecho humano a la tierra y al territorio en armonía con el medioambiente.

Urge un mejor diseño de políticas públicas, y presupuestos adecuados con enfoque de género para empezar a acortar esas  brechas que profundizan las desigualdades que las afectan.

Notas

[1] Naciones Unidas, 2018:7

[2] Memoria Juntas, conectadas y en resistencia. Encuentro de Defensoras Ambientales de Argentina, Bolivia y Paraguay, modalidad virtual. 2020.

[3]  Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas.

* Elba Núñez es feminista paraguaya, trabajadora social y abogada. Investigadora. Docente universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), militante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM Paraguay).