Han pasado 38 años del Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en Bogotá en julio de 1981, en el cual se declaró colectivamente el 25 de noviembre como “Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer”. La fecha fue escogida en memoria del asesinato brutal de las tres hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa), perpetrado en 1960 en la República Dominicana, por la dictadura de Rafael Trujillo (1930-1961).

Por Alicia Soldevila *

Lucha, resistencia, acción política, democracia, derechos, igualdad, justicia, libertad, autonomía, emancipación, memoria activa son algunas de las palabras contenidas en estos nombres de mujeres y pueblos que siguen hoy vigentes en nuestra América Latina y el Caribe. El 25 de noviembre nos miramos y abrazamos en la lucha colectiva que venimos dando y recreando, por una vida plena, libre de violencias y discriminaciones.

En esta fecha clave hacemos cuerpo las historias de resistencia y movilización de las mujeres, poniendo en lo público, “politizando” (al decir de Nancy Fraser) nuestras existencias, desprivatizándolas y constituyéndolas en nuevos desafíos colectivos. Historias de luchas que buscan romper el silencio y las murallas de las casas y de las dictaduras, atravesando las ciudades y los campos, lo local, lo regional y lo global, reconociendo las interseccionalidades (clase, sexo-género, generación, raza, etnia, sexualidades, entre otras) presentes en cada una de las voces y prácticas emancipatorias.

Los desafíos siguen siendo grandes, enormes, ante la desigualdad y concentración exponencial de la riqueza y el poder, que dan cuenta de la violencia estructural que el sistema capitalista, neoliberal, heteropatriarcal y colonial viene produciendo y reproduciendo en nuestra región.

Resulta imprescindible destacar que existe una relación indisoluble entre neoliberalismo, fundamentalismos y violencia contra las mujeres y personas sexualmente disidentes de la cisheteronorma, en la medida en que esta se origina, anida y se despliega en estructuras de  opresión, control, desigualdad, exclusión y dominación. Nos encontramos, al decir de Rita Segato, en una etapa de acumulación del capital caracterizada por la dueñidad o señorío, en la que estas violencias forman parte de los mecanismos de crueldad hacia nuestros pueblos, ganando cada vez más la escena pública, y constituyéndose en una pedagogía de la crueldad, que de manera específica controla, rapiña y expropia los cuerpos, las vidas de las mujeres,  migrantes, indígenas, populares, campesinas, negras, afrodescendientes y sexualidades disidentes.

En este momento histórico se disputa el reconocimiento de las múltiples violencias: sexuales, económicas, políticas, sociales, culturales, que se intersectan en los diferentes territorios de nuestras vidas, nuestros cuerpos, casas, comunidades, en nuestros espacios de trabajo remunerado y no remunerado, en las organizaciones e instituciones por donde transitamos  o de las que formamos parte; que atraviesan nuestras ciudades y campos y el Estado y sus políticas públicas. Violencias que se expresan en lo físico, emocional, material, simbólico; haciéndose públicas hoy demandas en torno a situaciones como la violencia obstétrica, el acoso callejero, la violencia mediática, la violación y la represión a nuestras expresiones políticas colectivas, entre otras formas.

Todas estas demandas exponen este problema y sus raíces estructurales, con un anclaje que nos remite al capitalismo heteropatriarcal, colonial vigente y transversalizado por políticas neoliberales y fundamentalismos religiosos. Esto torna necesario un análisis para construir nuevas respuestas: complejas, colectivas y multidimensionales, acordes a estos tiempos.

En este 25 de noviembre pensamos en nuestra América Latina y el Caribe, y nos detenemos en nuestros pueblos de América del Sur, que están librando luchas por la libertad, la democracia, la justicia, la igualdad, resistiendo el autoritarismo, los fundamentalismos religiosos y económicos, la dictadura; resistiendo el imperialismo de los dueños y señoríos, que desangran nuestras tierras, nuestras vidas, nuestros cuerpos.

En este 25 de noviembre repudiamos el golpe de Estado perpetrado en nuestra hermana Bolivia y repudiamos la represión en nuestra hermana Chile, y defendemos el derecho humano a vivir en igualdad, en paz, con justicia y democracia.

En esta fecha, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal hacen presentes las múltiples mariposas de nuestras tierras, que participan, que sostienen la vida cotidiana en condiciones de desigualdad extrema, que luchan contra el hambre y la pobreza, que pelean por políticas públicas efectivas, transformadoras y no meramente declamativas. Mariposas que luchan por una vida libre de violencias y discriminaciones, libre de dictaduras y muerte.

Como podemos ver, los recorridos y trayectorias que venimos construyendo desde los feminismos en pos de desmantelar las violencias, en y desde estos contextos y en estas largas décadas, implicaron caminos múltiples y simultáneos en cada uno de los países de nuestra  diversa y desigual región. Destacamos algunas cuestiones normativas y de políticas públicas vinculadas a prevenir las violencias en Argentina, Uruguay y Paraguay, tierras hermanas y vecinas, que contamos con dolores y  luchas propias y también compartidas.

Los estados de nuestros países son signatarios de la Convención contra todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y de la Convención Interamericana sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta última define, en su artículo primero: “Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Esta definición ha significado un gran avance en la interpretación de esta problemática, evidenciando estas relaciones desiguales de poder, y colocándolo como una violación a los derechos humanos.

Al reconocer su existencia en los espacios públicos, la saca del ámbito exclusivo del hogar, de las relaciones familiares e interpersonales, en los que  ha estado planteada de manera exclusiva la problemática de la violencia de género. Por lo tanto, al ubicarla en la esfera pública, se la incorpora dentro del campo de la justicia y de las políticas públicas, apareciendo el Estado como uno de los actores importantes, en un doble sentido: como lugar de producción-reproducción de la violencias, y también como lugar de disputas y exigibilidad de ejercicio y acceso real a los derechos humanos de las mujeres y personas sexualmente disidentes de la cisheteronorma.

Así, decimos, en este 25 de noviembre de 2019 nos encontramos: ¡politizadas, movilizadas, y no condescendientes!

* Alicia Soldevila | Consejera del Fondo de Mujeres del Sur, militante feminista, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba.