El derecho al voto es una realidad desde hace años en la región. Sin embargo, ¿cuál es la verdadera participación política de las mujeres en Argentina, Paraguay y Uruguay? Mucho se habla de paridad, pero ¿para qué y para quién?

Por Laura Leonelli Morey *

En 2018, América Latina se quedó sin presidentas mujeres.

Tal vez esa oración sería suficiente para dar una idea del grado de (no) paridad política existente en nuestra región. Tal vez, el resto de las palabras que puedan desarrollarse en este escrito no tengan mucho sentido.

Sin embargo, los feminismos conocen de luchas prolongadas, han demostrado el ejercicio de la paciencia activista durante décadas en pos de lograr cambios sustanciales. Saben, también, que los pequeños logros son, en muchas ocasiones, pasos enormes e inspiración hacia otras transformaciones, más importantes, más profundas. Y saben que la institucional no es la única forma de hacer política: las conquistas de los feminismos de la región han sido logradas principalmente desde los márgenes, en las calles, con manifestaciones públicas, realizando incidencia con políticas y políticos, a través de la educación popular, desde los barrios, en las universidades, en los colegios secundarios, en los hospitales, en los órganos legislativos.

También nuestros feminismos conocen, y los últimos años están siendo un aprendizaje ni querido ni deseado, de retrocesos de derechos, de reacciones fundamentalistas, de tener que cambiar ahora libertades por protocolos de seguridad. Sabemos que los derechos se conquistan a fuerza de activismo y que su vigencia solo se logra, también, a fuerza de activismo.

Derecho al voto y a ser elegidas

Algunos de esos derechos conquistados son los políticos. De hecho,  ayer se celebró el Día de los Derechos Políticos de la Mujer en Argentina, debido a que el 23 de septiembre de 1947 el país reconoció el derecho al voto femenino, el cual tuvo como antecedente la lucha de mujeres socialistas y feministas a nivel nacional e internacional a través del movimiento sufragista y que luego hizo bandera y realidad Eva Perón. Uruguay ya había hecho sus deberes muchos años antes y, en 1938, las mujeres pudieron votar en elecciones generales tras habérseles reconocido el derecho en 1932. En cambio, las mujeres paraguayas tuvieron que esperar mucho más para ser reconocidas como ciudadanas; su país fue el último de la región en reconocer el derecho a votar y a ser elegidas: lo hizo recién en 1961.

El derecho al voto tiene como espejo el derecho a ser elegidas. Si bien en 2019 el acto de las mujeres de ir a sufragar ya no se cuestiona en nuestra región, a pesar de las décadas transcurridas desde el reconocimiento de ese derecho, ¿qué hay del otro lado de ese espejo; cuántas mujeres tienen cargos en las legislaturas y en los poderes ejecutivos?

El retraso es, aunque con matices, apabullante. Y los avances no han sido fruto de la casualidad: son el resultado de políticas públicas o leyes concretas, como las de cupo y las de paridad. A continuación se presentan algunos datos recientes elaborados por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

Porcentaje de mujeres en los gabinetes ministeriales

La región alcanzó un promedio de 28,5 por ciento de cargos ministeriales ocupados por mujeres en 2018. Sin embargo, las brechas entre países son llamativas: Argentina se ubica en el séptimo peor lugar del ranking con el 13 % (Brasil, incluso peor: 4,9 %), Paraguay está más cerca del promedio con 23 %, mientras que Uruguay lo supera con el 33 %.

Una posible explicación del mayor porcentaje de ministras mujeres en Uruguay la da la periodista Lourdes Rodríguez, quien nos recuerda que el Partido Socialista de ese país ha venido dando esta discusión desde hace tiempo, con normas internas de cuotas y luego de paridad. “De hecho, el presidente Tabaré Vázquez en su primer gobierno formó un gabinete con un tercio de mujeres”, comenta Rodríguez (Tabaré luego vetó la ley del aborto legal). En definitiva, no es producto de argumentos basados en la supuesta meritocracia necesaria para ocupar un cargo de poder sino de iniciativas transformadoras que tienen como objetivo revertir las desigualdades de género.

Sin embargo, vale aclarar que, según el Observatorio, “al igual que en todo el mundo, el análisis mostró que los promedios regionales de participación de las mujeres por tipo de cartera ministerial están concentradas en el área social y participan menos en las áreas políticas y económicas”. Es decir, las mujeres ocupan en el poder cargos vinculados a su rol asignado de ser las responsables de las tareas reproductivas (y no productivas): el cuidado de la familia, la ayuda comunitaria.

Mujeres alcaldesas

“En comparación con los avances logrados en los puestos de elección popular de nivel nacional, la presencia de las alcaldesas electas ha avanzado a un ritmo más lento y los resultados que se observan  son limitados”, dice el Observatorio y señala que en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe (26), el porcentaje de alcaldesas se sitúa por debajo del 15 %, y que el promedio latinoamericano llega solo al 15,5 % en 2018.

Argentina y Paraguay están por debajo del promedio, con apenas 10 por ciento de mujeres alcaldesas. En cambio, si bien aún es bajo, Uruguay lo supera, y registra 20 por ciento de mujeres alcaldesas.

Mujeres en el órgano legislativo nacional

“La presencia de las mujeres en los órganos legislativos ha aumentado de manera gradual en los últimos años en América Latina y el Caribe. Si bien es cierto que estos puestos siguen siendo ocupados en su mayoría por hombres, la  región sigue manteniéndose a la cabeza a nivel mundial, alcanzando en mayo de 2018 un promedio de 29,8 %, aun cuando en el Caribe el promedio alcanza sólo un 19.5 %”, dice el Observatorio, con datos de 39 países del último período presidencial disponible.

¿Qué pasa en el sur? Paraguay está muy por debajo del promedio, con apenas el 15 por ciento. En tanto, Uruguay, que suele tener mejores índices en términos de igualdad de género, tampoco llega al promedio, con el 20%, mientras que Argentina lo supera ampliamente, con el 38 %.

Aquí, nuevamente, las cifras no son casualidades. El alto porcentaje de Argentina está directamente vinculado a leyes denominadas de acción positiva. El país fue pionero en toda América Latina al sancionar en 1991 la Ley de Cupo, que estableció que al menos el 30 por ciento de las listas debían tener representantes mujeres. En 2017 (luego de 26 años), se avanzó aún más y del tercio se pasó a la paridad, con la obligación de que el 50 por ciento de las listas deben ser conformadas por mujeres. Claro que como las listas suelen ser encabezadas por hombres, nunca se llega al porcentaje pero, aun así, Argentina es de los países de la región con más representantes mujeres.

Tanto en Uruguay como en Paraguay la necesidad de una ley de paridad ha sido puesta en agenda pública recientemente, pero ninguno de los dos países pudo lograrlo hasta ahora. El caso paradigmático fue el de Paraguay, que logró la media sanción en Diputados de una iniciativa que contemplaba que el 50 % de las integrantes de las listas presentadas por cada partido político en sus elecciones internas fueran mujeres, pero el Senado la redujo a una ley que promoviera la educación de las mujeres y que solo obligaba a los partidos políticos a destinar el 15 % de los fondos que reciben del Estado para la capacitación de las mujeres de su partido. Por esta razón, la ley finalmente fue vetada por el Ejecutivo en noviembre del año pasado.

Sin embargo, cuando se pone la lupa, las desigualdades asoman con más vehemencia. Tomemos el caso de Argentina y su representación de mujeres en el Congreso de la Nación. En primer lugar, se trata de un ente bicameral, en el que el Senado está integrado por tres representantes de cada provincia, dos por la mayoría y uno por la minoría. Por lo que, en la práctica, suelen resultar electos dos hombres (uno por la mayoría y otro por la minoría) y una mujer por provincia. Además, es necesario avanzar en normas que establezcan la paridad en otras jurisdicciones más allá de las nacionales, tanto a nivel provincial como municipal/local. Asimismo, en los órganos que en muchos casos están representados por un número aceptable de mujeres, los puestos de mayor jerarquía (presidencia de los órganos, titularidad de las comisiones) suelen ser ocupados por hombres, en donde también podrían establecerse reglamentaciones internas hacia la paridad.

Paridad e inclusión, ¿para qué, para quiénes?

Tras casi tres décadas de la Ley de Cupo en Argentina, se llegan a dos conclusiones centrales. En primer lugar, ser mujer no supone necesariamente llevar a los espacios de poder la agenda de la igualdad de género. Por eso en los países de la región cada vez más se pide por feministas en las listas electorales. En segundo lugar, y complementario con el primer punto, muchos temas relativos a los derechos de las mujeres han avanzado gracias a esa representación femenina. La discusión por el aborto legal, que se dio por primera vez en la historia argentina en el Congreso de la Nación en 2018, fue posible gracias al movimiento de mujeres y  también a las diputadas y senadoras que incidieron transversalmente en sus partidos. Si bien no logró ser sancionada, logró la media sanción en Diputados.

Pero también es necesario plantear cómo ejercemos esos derechos políticos, para qué y, especialmente, para quiénes. En este sentido, son interesantes los planteos que se hicieron desde la Red de Género y Comercio (la cual es apoyada por el Fondo de Mujeres del Sur) en el marco del Women 20, subgrupo temático del G20 que planteaba la inclusión de las mujeres en la política, en el trabajo y en el sector financiero, en la reunión del G20 que se dio en Argentina en 2018.

Desde la Red, junto a otras feministas, plantearon una pregunta fundamental: ¿inclusión a qué y dónde? Norma Sanchís, integrante de esa organización, asegura: “Si es para incluirnos en una sociedad desigual, polarizadora, inequitativa, no queremos la inclusión” (para más información, leer entrevista a Sanchís en el siguiente link).

En este sentido, también interpelan los argumentos de la socióloga costarricense Monserrat Sagot, quien reconoce los enormes avances que han logrado los feminismos en la región: los feminismos han sido clave, dice Sagot, en los procesos de democratización de la región, en liderar las críticas a las opresiones económicas y políticas, también la crítica a la opresión sexual, en colocar los asuntos relativas desigualdad de género en la agenda política de la región, en impulsar nuevas leyes y políticas públicas, así como colocar por primera vez en la historia la violencia contra las mujeres como un asunto por el cual los Estados tienen que asumir responsabilidad.

Sin embargo, Sagot también advierte que “muchos de los logros del movimiento feminista han sido para mujeres de clase media, blancas, mestizas o urbanas” y que “muchas de las políticas de igualdad han terminado creando una nueva élite de mujeres» [1]. Y agrega que las mujeres de las zonas fronterizas, migrantes, que no se ajustan a los parámetros de heteronormatividad, las mujeres de las comunidades urbanas empobrecidas y marginalizadas, entre otras, no han visto los mismos beneficios.

Los derechos políticos de las mujeres son una conquista de los feminismos para poder elegir y ser elegidas. Pero también, y principalmente, una herramienta política de transformación para que la inclusión sea para todxs y no solo para algunas y algunos. En eso estamos.

 

 * Laura Leonelli Morey | Periodista y activista feminista. Comunicadora del programa Liderando desde el Sur. 

[1] Extracto de la Conferencia «La acción política feminista en los nuevos contextos: límites y posibilidades», de Montserrat Sagot (Universidad de Costa Rica), realizada en el marco del III Seminario Taller Mujeres y Ciudades – Injusticias Territoriales, llevado a cabo el 4 y 5 de abril  de 2019, en la ciudad de Córdoba, Argentina. Organizado por CISCSA (www.ciscsa.org.ar). Ver extracto de la conferencia: https://www.youtube.com/watch?v=zKRUArNE__E